No, no se me altere el vigilante de guardia, no me refiero a esos cuatro millones de catalanes que pudiendo ir el 9-N a votar por la independencia prefirieron quedarse en su casa o dedicarse a cosas de mayor interés. La historia los convocó pero decidieron no presentarse, dando de paso origen a un misterio que, en lo que yo sé, nadie hasta ahora se ha molestado en intentar explicar: a saber, que indicando todas las encuestas que el 80% de los catalanes están a favor del derecho a decidir, cuando se les da la oportunidad de hacerlo, más de la mitad de esos decisionistas opta por desaprovechar la ocasión. Ni el de la Santísima Trinidad.

Pero como les decía, eso hoy no toca. Siendo ese asunto de enjundia, lo es mucho más la peligrosa deriva que se está produciendo en la forma en que la autoridad competente está afrontando la creciente contestación social por todo el país. Algo en lo que hay pocas diferencias entre Gobiernos rojigualdas y cuatribarrados. Allí y aquí se trata de impedir las protestas y acallar las denuncias por cualquier método, por lo civil o por lo penal, y no hay ahí metáfora que valga, sino pura literalidad.

El Gobierno catalán fue pionero en el endurecimiento de la represión policial de la disidencia, antes y después del encumbramiento de nuestro Moisés particular. Tantos méritos acumuló el anterior consejero de Interior que se hizo insostenible su presencia en el mismo puesto tras las elecciones de 2012 y se vio recompensado con una patada hacia arriba que lo llevó al Departamento de Empresa y Ocupación. No por ello los Mossos han dejado de ser tristes protagonistas de los noticiarios (excepto en TV-3, se entiende). A la brutalidad con que se resolvió la acampada del 15-M y con la que se reprimieron en Barcelona las manifestaciones de la huelga general de febrero de 2012, se ha añadido la persecución política y legal de quienes, como la revista Cafèambllet, se atreven a denunciar la corrupción de significados responsables de Convergència, en especial en lo que tiene que ver con el agujero negro que se ha abierto, y que no para de supurar pus, en torno a la gestión de la sanidad pública.

El Gobierno español no se ha quedado atrás en esta carrera. No más gamonales, debieron de pensar algunos, y la ley empezó a caer sobre huelguistas y manifestantes con una contundencia que a muchos nos hubiera gustado ver aplicada a esos patriotas que llevan años saqueando el país. Así, se ha hecho habitual leer que se ha condenado a prisión a miembros de piquetes huelguísticos o a participantes en grupos de apoyo contra un desahucio, con penas absolutamente desproporcionadas a los hechos que se castigan, y no digamos si se comparan con el tratamiento que reciben los criminales de cuello blanco que gozan del amparo de nuestros gobernantes.

Ahora llega una nueva vuelta de tuerca con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana; un ataque frontal a los derechos civiles sin precedentes desde el fin de la dictadura. La liquidación de la protesta por la vía de criminalizar derechos y de machacar a multas a quienes previamente, en muchos casos, han sido condenados a la pobreza y la exclusión. Con esta ley aumentará la arbitrariedad y el ensañamiento del poder con los más débiles, lo que agravará las injusticias que la crisis económica provoca. Pero no nos engañemos: antes de aprobarse esta ley mordaza, el marco legal vigente ya ha permitido atropellos sin cuento y se ha empleado a fondo para castigar a quienes no están dispuestos a callarse y consentir.

Valga el ejemplo de los Campamentos Dignidad de Extremadura. Nacidos en febrero de 2013, los campamentos están formados fundamentalmente por personas en paro. Se constituyeron inicialmente para luchar por la renta básica, pero con el tiempo han derivado en un movimiento más amplio por los derechos sociales y a un trabajo digno, que se opone a los desahucios, reivindica comedores escolares o exige el derecho al rebusco. Desde su creación, han protagonizado gran cantidad de acciones de desobediencia pacífica que les han comportado juicios y multas.

En una comunidad cuyo presidente paga con dinero público sus escarceos privados sin que pase nada, Manuel Cañada, ejemplar luchador social, y otros 57 compañeros y compañeras de los campamentos han sido condenados al pago de 183.000 euros en multas. Sus delitos consisten en actividades tan peligrosas como intentar evitar desahucios, la ocupación de viviendas vacías en manos de entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público o la entrada en un plató de televisión para denunciar el impago de la renta básica por parte de la Junta de Extremadura. Puro terrorismo.

Gente como la de los Campamentos es la que dota de sentido a la existencia de una comunidad política como la nuestra, la que justifica el seguir juntos. No merecen quedarse solos. Se ha abierto una campaña de solidaridad para hacer frente a las multas. No permitamos que los silencien ni que nos conviertan en mayoría silenciada.